Comentario
Para los opositores a la Dictadura constituyeron un continuo motivo de asombro las escasas dificultades que Primo de Rivera encontró frente a los movimientos obreros, cuando éstas habían sido tan grandes durante la monarquía constitucional. A partir del año 1923, el número de huelgas disminuyó de una manera vertiginosa y sólo se produjo un aumento en la fase final de la Dictadura. Es cierto también que la situación económica mejoró y lo mismo la asistencia social, pero, vistos los antecedentes, el hecho causa perplejidad. Primo de Rivera no llevó a cabo una represión muy dura o indiscriminada: solicitó y consiguió colaboración de los socialistas y sólo respecto a los anarquistas y comunistas su actitud fue más severa, pero también discriminada y no fueron ilegalizados todos los sindicatos de esta significación. Es posible que jugara un papel importante en la paz social vivida durante el período dictatorial tanto la sensación de autoridad desde arriba como la de cansancio por la práctica del terrorismo en los medios anarquistas. Se produjo una drástica disminución de la conflictividad durante el período, perceptible en la radical disminución del número de atentados: se pasó de 1.259 en los años anteriores a 1923 hasta una cifra de sólo 51 en los cinco posteriores.
La política seguida por Primo de Rivera con respecto a las organizaciones sindicales fue distinta, por lo que resulta inevitable aludir por separado a cada sindicato. La posición de la UGT y de los socialistas era de extremada debilidad: aunque en Madrid fue la candidatura más votada en 1923, tan sólo disponían del 2% de los diputados. A esta debilidad hay que sumar el hecho de que la Dictadura no se planteaba como un régimen absolutamente represivo y fascista, sino como un paréntesis hacia una situación liberal más perfecta. "Serenidad, sí; indiferencia, no", decía el editorial de El Socialista el día del golpe de Estado del 13 de septiembre; si por un lado se postulaba no apoyar al movimiento, por otro, al aconsejar abstenerse de movimientos estériles se repudiaba cualquier tipo de actuación en contra del régimen mediante huelgas o procedimientos subversivos. Esta relación no varió de manera sustancial en los años posteriores.
En algunos momentos Primo de Rivera insinuó que podría llegar a crear un nuevo sistema de turno de partidos cuyos ejes fundamentales fueran la Unión Patriótica y el socialismo. Pero esta relación con la Dictadura creó un importante elemento de división interna entre los socialistas. Siempre fueron opositores a la Dictadura los que habían actuado en el Parlamento, éstos eran partidarios de la alianza con los republicanos o se consideraban herederos de la tradición liberal, como, por ejemplo, Indalecio Prieto y Fernando de los Ríos; en cambio, practicaron el colaboracionismo desde fecha muy temprana los sindicalistas de aquellas regiones donde existían graves problemas por la readaptación económica de la posguerra, como fue el caso de Manuel Llaneza, principal dirigente del sindicalismo minero asturiano. Largo Caballero fue adaptando su postura a los cambios producidos en el movimiento obrero: al principio fue muy colaboracionista y acabó siendo partidario de la República.
Se puede apreciar toda una evolución en la actitud del PSOE y la UGT respecto a la Dictadura. Hasta el momento de la Asamblea Nacional Consultiva hubo una manifiesta actitud colaboracionista que incluso duró más allá de esta fecha para sólo modificarse de manera drástica en los últimos meses de la vida del régimen. Cuando en el año 1925 falleció Pablo Iglesias asumió la dirección del socialismo y de la UGT Julián Besteiro, quien si por un lado repudiaba cualquier régimen burgués, al mismo tiempo se mostraba dispuesto a una colaboración parcial en aspectos concretos.
Cuando el Instituto de Reformas Sociales se convirtió en Consejo de Trabajo y obtuvo representación en el Consejo de Estado, fue la ocasión en la que se hizo más patente la colaboración socialista con el régimen. Entonces pasó a formar parte de este último un vocal de representación obrera que fue Francisco Largo Caballero, elegido por los miembros de su partido que figuraban en aquél. La actuación de éste había sido ortodoxa, ya que su elección provenía de los obreros de su propio sindicato y no del gobierno de la Dictadura, pero Indalecio Prieto y Fernando de los Ríos protestaron y el segundo dimitió de su puesto en la ejecutiva del partido. En todo caso, esta postura colaboracionista no proporcionó especiales ventajas al Partido Socialista.
Cuando fue convocada la Asamblea Nacional los socialistas no aceptaron los puestos que les habían sido asignados a ellos sin elección y su actitud empezó a cambiar; aunque hubo un pequeño sector del partido que sí estuvo dispuesto a aceptarlos como Andrés Saborit y Trifón Gómez. En el año 1929 se produjo una ruptura más radical cuando Primo de Rivera, en el declive de su régimen, estuvo dispuesto a aceptar en la Asamblea a cinco representantes de la UGT, elegidos por el sindicato. Dicha propuesta no fue aceptada y en el congreso del partido celebrado inmediatamente después el PSOE se declaró a favor de la República.
La actitud de la CNT fue muy distinta, aunque tampoco hubo una persecución a ultranza. El sindicato anarquista se había destruido a sí mismo antes de la llegada de la Dictadura y el sector terrorista se encontraba cada vez más distanciado de los sindicatos. La política de la Dictadura consistió en un aumento gradual de la presión a fin de que los sindicatos cumplieran con la legalidad vigente en lo referente a la publicidad de sus cotizaciones. Durante la Dictadura se agravó el enfrentamiento entre quienes practicaban el terrorismo y aquellos sindicalistas que mantenían una postura cada vez más posibilista. Esta última actitud fue la adoptada por Ágel Pestaña, que propugnó la presencia en los comités paritarios. Inmediatamente después del golpe de Estado del 13 de septiembre hubo una división entre los dirigentes anarcosindicalistas en cuanto a su paso a la clandestinidad, táctica que no todos aceptaron. Después de los sucesos de Vera de Bidasoa fue cerrado el principal periódico confederal y aumentó la represión. En julio de 1927 se creó en Valencia la Federación Anarquista Ibérica (FAI), en la que existía una mayoría partidaria de la insurrección.
El Partido Comunista fue declarado ilegal desde finales del año 1923. Su vida siguió siendo lánguida a pesar de que se siguió publicando alguno de sus periódicos. En estos años se incorporaron al partido un núcleo de dirigentes sevillanos de procedencia anarquista que desempeñarían un importante papel durante la Segunda República.
Los sindicatos libres tuvieron el apoyo del Gobierno y consiguieron dominar una parte considerable del sindicalismo barcelonés, y el sindicalismo católico se sintió marginado a pesar del papel relevante que alguno de sus militantes desempeñó en la Unión Patriótica.